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Para evaluar al evaluador
Manuel Pérez Rocha, en el periodico La Jornada
Hay quienes, de manera irreflexiva, se oponen a la evaluación (a toda evaluación) y señalan que ésta es una práctica impuesta por el neoliberalismo. Esta postura es un error, pues evaluar es una actividad inseparable de toda acción humana consciente. Desde que el hombre habita este mundo ha evaluado las situaciones en que se encuentra y las diversas opciones que tiene frente a un problema o necesidad. Novedosa resulta quizá la palabra evaluación, o su aplicación fuera del ámbito escolar, o la adopción de técnicas e instrumentos específicos, o la confusión con la medición, pero la evaluación misma no nació con el neoliberalismo. Con el neoliberalismo nació la obsesión por evaluar y la imposición de formas verticales y autoritarias de evaluación. De modo que la reacción sensata frente a estas obsesiones neoliberales no es rechazar la evaluación, sino someterla a juicio, a evaluación.
En cierto sentido es afortunada la actual obsesión gubernamental por la evaluación, porque la hace visible. Desde siempre, atrás o dentro de planes y programas de gobierno, reformas legales y disposiciones administrativas ha habido evaluaciones; sin embargo, generalmente han estado escondidas, implícitas, y por lo mismo la evaluación de esas evaluaciones se hace difícil y los evaluados quedan inermes. Lejos de rechazar toda evaluación, la exigencia debe ser que se hagan explícitas las valoraciones y los diagnósticos en que se basan las decisiones administrativas y de gobierno. Esto significaría el que dichas decisiones queden adecuadamente justificadas y fundadas, de acuerdo con sus propósitos (diagnóstico-formativos, administrativos, legales u otros), y que quienes participarán en su ejecución, o quienes se verán afectados por ellas, tengan la posibilidad de apoyarlas o cuestionarlas en sus fundamentos.
La evaluación de asuntos complejos, por ejemplo las políticas sociales o económicas, o proyectos educativos, no es una tarea que pueda resolver un especialista en evaluación, en planificación estratégica, o en alguna de las modas banales (como los análisis llamados FODA) que se generan en los espacios de la administración de empresas. El problema de evaluar no es solamente de método o de técnica. Una evaluación sólida exige la participación de quienes conocen la materia a evaluar, de quienes la han estudiado con seriedad, de quienes tienen la experiencia adecuada y de quienes viven los problemas y necesidades que pretenden atenderse con políticas y proyectos. Una evaluación sólida exige mantener una rigurosa vigilancia de cómo se conoce el objeto de la evaluación (vigilancia epistemológica) y la adecuada contextualización de los fenómenos que se estudian.
Toda evaluación implica una comparación: se compara lo que encontramos en la realidad con lo que es deseable o juzgamos correcto. Con frecuencia se pasa por alto este elemento esencial de la evaluación: la comparación. Varios manuales definen la evaluación como la recopilación de información para tomar decisiones, y en no pocas ocasiones con ese simplismo se toman decisiones, eclipsando las comparaciones que dan sustento a las conclusiones, escondiendo lo que se consideró deseable o correcto (los referentes), o dando por sentado que son cosas indiscutibles. Está el caso paradigmático del Consejo Universitario de la UNAM, hace 25 años, que en media hora, sin discutir, aprobó 26 reformas a la institución porque eran asuntos de obvia resolución. El resultado fue un desastre. Este simplismo oculta el hecho de que incluso en la misma acción de recabar información para tomar decisiones están implícitos los referentes. Cuando un médico toma la temperatura de un enfermo ya ha juzgado que un asunto esencial es la temperatura del paciente y que 37 grados es lo correcto o lo deseable. Cuando la autoridad de una institución educativa pone en el centro de un diagnóstico la pregunta de a cuántas clases asisten los estudiantes, ya ha decidido que la asistencia a clases es la actividad central en la educación.
Con la obsesión por la evaluación ahora es frecuente que las autoridades que desean imponer un proyecto empiecen por hacer un diagnóstico, y ante los reclamos de participación de los afectados responden que dicha participación se dará después, cuando ya se tenga el diagnóstico. De esta manera pretenden que se pase por alto que en el diagnóstico mismo ya están los elementos esenciales de lo que se pretende hacer. Si todo proyecto debe estar precedido de una evaluación, de un diagnóstico, toda evaluación debe estar precedida de la definición explícita de los referentes, los criterios, los parámetros que constituyen lo que se juzga deseable o correcto. Por lo tanto, desde ese mismo momento deben participar quienes tienen interés legítimo en el proyecto, y su participación no puede reducirse a la de proporcionar información o responder encuestas, sino que debe garantizar la posibilidad de que mediante la discusión se determinen los criterios de la evaluación.
En aquel caso paradigmático de la UNAM se hizo famoso en nuestro medio el esquema de fortalezas y debilidades y quedó patente su debilidad pues, además de ser una categorización simplista de las cualidades y circunstancias de un proyecto u organismo, pasa por alto el que determinar si algo es una fortaleza o una debilidad no es un asunto menor. Por el contrario, en ello está el meollo de la evaluación y debe resolverse haciendo explícitos los referentes, como he dicho, con la participación de quienes conocen la materia, de quienes la han estudiado con seriedad, de quienes tienen la experiencia adecuada y de quienes viven los problemas y necesidades que se pretende atender con esas políticas y proyectos.
La presentación explícita, abierta, de los criterios de la evaluación permite que el evaluado evalúe al evaluador y que introduzca en la evaluación sus propios criterios; permite también que de manera constructiva se sumen a las evaluaciones externas, que aportan puntos de vista valiosos, los resultados insustituibles de la autoevaluación. Ignorar esto, cuando de la evaluación dependerán decisiones administrativas, es garantía de iniciar un conflicto.